Abierta una suscripción popular para hacer frente al pago

El 25 de abril de 2002, una docena de miembros del GOB (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) se encadenaron a las máquinas que llevaban a cabo la regeneración artificial de la playa de Can Picafort (Santa Margalida, Mallorca). El motivo de la protesta fue denunciar públicamente la inconveniencia de la regeneración artificial como sistema para mantener las playas, ya que es un sistema de elevado impacto ambiental y poco perdurable.

Además, en el caso de las obras del Ministerio de Medio Ambiente en Can Picafort, el GOB acababa de presentar denuncias ante la Conselleria de Medio Ambiente del Govern de les Illes Balears i ante la Comisión Europea, fundamentadas en diversos incumplimientos legales relativos a la falta de los necesarios informes ambientales para realizar estas obras,

La actuación de los miembros del GOB fue en todo momento pacífica, i finalizó en el momento en que fue solicitado por las autoridades.

11.697 euros por protestar pacíficamente

A raíz de estos hechos, la Delegación del Gobierno en las Illes Balears abrió un procedimiento de sanción contra los miembros del GOB, por “Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos“, y por paralizar los trabajos de regeneración artificial durante 5 horas.

El GOB presentó diferentes alegaciones a lo largo del procedimiento ante la Delegación del Gobierno, y recurrió ante el Ministerio del Interior argumentando que la acción del GOB, tratándose de un acto simbólico, no causó ningún daño ni perjuicio. De hecho nadie (ni siquiera la empresa ejecutora de las obras) denunció daños, pérdidas ni ningún otro perjuicio a excepción de la propia Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que argumentó la paralización del vertido de arena durante 5 horas (aunque en realidad, como confirma el informe de la Guardia Civil, fue mucho menos tiempo). Todo el procedimiento sancionador ha sido instruido de forma claramente viciada, llegando incluso a crearnos indefensión.

El Ministerio del Interior, al desestimar el recurso, da por finalizada la vía administrativa y da un plazo de 30 días hábiles a los miembros del GOB para pagar la multa de casi 12.000 euros, o esta cantidad será cobrada por el procedimiento de apremio.

Y mientras el Gobierno Español nos multa, la Comisión Europea nos da la razón

El GOB ha tenido acceso a un documento de la Comisión Europea en el que se plantean diversos incumplimientos legales cometidos por el estado español en cuanto a la regeneración de playas efectuada en las comunidades autónomas de Valencia i Illes Balears.

En nuestro caso, y en relación a la regeneración de las playas de Can Picafort y Muro (ubicadas en el interior del LIC de las bahías de Alcudia y Pollença), la Comisión da la razón al GOB sobre el incumplimiento del artículo 6.3 de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales. Este artículo establece que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a los Lugares de Interés Comunitario (LIC) se deberá someter a una adecuada evaluación de sus repercusiones teniendo en cuenta los objetivos de conservación. Literalmente, la Comisión dictamina que “Por estas razones, la Comisión estima que el Reino de España ha incumplido sus obligaciones de conservación y de realización de estudios previos de evaluación de las repercusiones de los proyectos de extracción de arena y regeneración de playas en relación con las zonas de especial protección para las aves y de los lugares de interés comunitario susceptibles de integrar la red Natura 2000 de la provincia de Alicante y del archipiélago balear mencionados previamente.”

Subscripción popular para hacer frente al pago de la multa

El GOB ha abierto una suscripción popular para recaudar los casi 12.000 euros que reclama el Ministerio del Interior, ya que si no se pagan en el plazo establecido se podrán embargar los bienes de los 12 miembros del GOB que paralizaron simbólicamente las obras.

Por ello el GOB se dirige a ciudadanos, asociaciones, entidades e instituciones para que le ayuden a hacer frente al pago de la multa, ingresando un donativo en las cuentas corrientes que se han habilitado a tal efecto:

- Caixa de Balears “Sa Nostra”, 2051 0099 89 0007572119
- La Caixa, 2100 0011 84 0201490151

(Concepto: multa regeneración)

También se pueden realizar los donativos mediante la tarjeta de crédito, facilitándonos los datos por teléfono (971 721105, preguntar por Joana o Sebastià).

En estos momentos los abogados del GOB preparan un recurso ante los tribunales contra la resolución de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior. Por desgracia, el proceso ante los tribunales no nos exime de la obligación de pagar ahora la multa.

Las multas no nos detendrán

Sólo podemos entender este tipo de actuación por parte del Gobierno Español si la enmarcamos en su evidente estrategia de intento de recorte de la libertad de expresión y de represión a cualquier crítica de su gestión.

Aunque lamentamos tener que dedicar parte de nuestro tiempo y recursos económicos a este procedimiento legal, en lugar de dedicarlos a la defensa del medio ambiente (nuestro único objetivo), queremos dejar bien claro que con castigos como éste no frenaran nuestra labor de denuncia.

El Ministerio de Medio Ambiente, y el Gobierno Español por extensión, se equivoca si cree que con esta medida frenará las críticas del GOB a la regeneración artificial de playas y a otras iniciativas igualmente nefastas promovidas por el llamado Ministerio de Medio Ambiente. Además de la Comisión Europea, también el tiempo nos da la razón: la campaña de regeneración artificial sólo ha conseguido ampliar playas de forma provisional, empeorando la calidad de la arena, enturbiando las aguas y destruyendo praderas de Posidonia oceanica.

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